Forzado por los plazos de la Justicia, el gobierno de Javier Milei reglamentó hoy la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. La medida, oficializada mediante el Decreto 84/2026, puso fin a meses de incertidumbre legal tras el intento del Ejecutivo de vetar la norma por falta de presupuesto y la posterior insistencia del Congreso.
El cumplimiento de la ley llegó en el límite del plazo fijado por el Juzgado Federal de Campana, que en diciembre pasado había declarado inválida la suspensión de la normativa. No obstante, el Gobierno dejó sentada su postura política en el texto al aclarar que el dictado del decreto no implica "reconocer hechos ni derechos" ni prestar conformidad con los fundamentos del fallo judicial.
Cambios estructurales y auditorías
La reglamentación establece el nacimiento de la "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social". Este nuevo régimen centraliza la gestión en el Ministerio de Salud y prevé una revisión integral de las prestaciones vigentes mediante un plan de auditorías que deberá presentarse en 30 días.
En paralelo, el Ejecutivo oficializó la nueva estructura del área. Alejandro Alberto Vilches -quien se desempeñaba como interventor de la Andis- fue nombrado Secretario Nacional de Discapacidad. Lo acompañarán Gianfranco Scigliano (Regulación y Certificación) y Esteban Rafael Giler (Políticas de Acceso).
Qué establece el nuevo decreto
El decreto sostiene que la implementación requiere procedimientos formales y controles específicos, cuya ejecución queda bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, ahora dependiente del Ministerio de Salud.
La normativa también obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar los parámetros de evaluación y a presentar un plan de auditorías periódicas en un plazo de 30 días. Además, establece mecanismos de articulación con organismos estatales y de la sociedad civil, como el Observatorio de la Discapacidad y el Comité Asesor, con el objetivo de garantizar participación federal.